Los gobiernos deberían considerar la implementación de un programa de recompensas por fraude que ofrezca un 10% de recompensa por todas las actividades fraudulentas detectadas que involucren fondos federales. Este enfoque refleja el modelo de seguridad probado que utilizan las empresas tecnológicas y las plataformas de criptomonedas cuando ofrecen programas de recompensas por errores a hackers éticos e investigadores de seguridad.

La lógica es sencilla: los incentivos financieros motivan a individuos capacitados a buscar activamente vulnerabilidades y esquemas fraudulentos en lugar de esperar pasivamente a que surjan. Al externalizar la detección de fraudes mediante recompensas monetarias, las instituciones públicas podrían aprovechar un grupo más amplio de participantes vigilantes mientras crean un mecanismo de detección eficiente.

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