Los 24 estados de EE. UU. anuncian una demanda para detener la última política global de aranceles de Trump

Una coalición de 24 estados de Estados Unidos presentará una demanda contra el gobierno de Trump el jueves, siendo el primer desafío legal a los nuevos aranceles globales del 10% implementados. Los estados afectados afirman que el presidente no puede evadir las decisiones previas de la Corte Suprema de EE. UU. invocando nuevas bases legales, ya que la Corte Suprema ha declarado inválidos la mayoría de los aranceles anteriores de Trump.

Estos estados, liderados por demócratas (como Nueva York, California y Oregón), consideran que los nuevos aranceles anunciados inmediatamente después de la decisión de la Corte Suprema el 20 de febrero también son ilegales.

Los estados que preparan la demanda indican que estos aranceles se implementaron bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, por un período de 150 días. Sin embargo, esa ley fue diseñada para responder a emergencias monetarias a corto plazo, no para abordar desequilibrios comerciales regulares causados por déficits comerciales a largo plazo.

La demanda se presentará en la Corte de Comercio Internacional de Nueva York. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, afirmó: “El enfoque actual debe ser devolver los aranceles recaudados a la ciudadanía, no seguir aumentando estos aranceles ilegales”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló: “Tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar su intento de imponer aranceles totales por primera vez, el presidente está generando más caos económico y esperando que el pueblo estadounidense pague por ello”.

El 20 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel uniforme del 10% sobre las importaciones. Sin embargo, el miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que esta tasa podría aumentar a un 15% a finales de esta semana.

Durante su segundo mandato presidencial, Trump convirtió la política arancelaria en un pilar central de su estrategia diplomática y económica, afirmando que el presidente tiene amplios poderes para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.

No obstante, el 20 de febrero, la Corte Suprema de EE. UU. le dio un golpe importante: dictaminó que muchos de los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional carecían de base legal, ya que esa ley no otorga al presidente el poder de gravar impuestos como él afirmaba.

Trump criticó públicamente a los jueces que emitieron esa decisión y posteriormente anunció la imposición de nuevos aranceles bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que nunca antes había sido utilizada en EE. UU. para imponer aranceles.

Al mismo tiempo, Trump aplicó aranceles sobre importaciones de automóviles, acero y aluminio basándose en una autoridad legal más tradicional, que en principio es menos susceptible a desafíos legales.

Los estados demandantes señalan que la Ley de Comercio permite la imposición de aranceles solo para responder a un supuesto “déficit en la balanza de pagos”. La última vez que ocurrió esto fue durante la administración del expresidente republicano Richard Nixon, cuando EE. UU. abandonó el patrón oro.

Los estados consideran que las medidas relacionadas con el déficit en la balanza de pagos en la Ley de Comercio estaban destinadas principalmente a responder a riesgos financieros, como una devaluación repentina y significativa del dólar en los mercados de divisas.

Pero, en su opinión, Trump aplicó erróneamente estos estándares legales, intentando resolver el problema del déficit comercial de EE. UU.

En su demanda, los estados solicitan que el tribunal emita una orden que impida la entrada en vigor de los nuevos aranceles y que el gobierno devuelva todos los fondos recaudados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio.

Asimismo, la Corte de Comercio Internacional está manejando actualmente unas 2000 demandas empresariales, en las que las compañías exigen la devolución de los aranceles cobrados previamente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, por un monto superior a 130 mil millones de dólares.